Diputados aprueban transmisión de alertas por celular

La Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que obligarán a concesionarios de  telecomunicaciones, como telefonía móvil, transmitir mensajes de alerta o emergencia en caso de desastres.

El diputado Federico González Luna explicó que “es para obligar a los operadores de las telecomunicaciones a que en caso de desastre o potencial desastre emitan alertas o mensajes a todos los usuarios de telefonía móvil”.

La diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Gloria Bautista, aseveró que “la protección civil debe ser tarea permanente y sistemática de un Estado. Tan sencillo que con la vida no se juega”.

De acuerdo a cifras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) los desastres naturales cuestan a México 3 mil millones de dólares al año.

En los últimos nueve años, dijeron los legisladores, han fallecido más de 5 mil personas por falta de esta prevención e información oportuna ante situaciones de emergencia, y dos millones de viviendas se han visto afectadas.

Por lo que aseguraron que con esta reforma México se ubicaría al nivel de otros países, como Japón, con su Sistema de Alertas de Terremotos y Tsunamis, de Estados Unidos o Europa.

El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Pablo Adame, dijo que “hoy la tecnología nos permite, a través de estos mecanismos, el poder enviar un mensaje a todas las personas que se encuentren en una zona de riesgo para poder advertir, para poder señalar, para poder informar del desastre que viene en camino, y con esto poder salvar vidas”.

En la sesión de este martes, el pleno de los diputados aprobó reformas al Código Civil y la Ley General de Salud para evitar que se condicione la entrega de certificados de nacimiento en hospitales privados, con el pretexto de no pago de los servicios o el retraso de éste en hospitales públicos.

El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Luis Márquez, apuntó que siguen presentándose en nuestro país situaciones que ponen en riesgo al menor y que recrudecen la problemática de las personas de escasos recursos, tal y como es la retención de los documentos como condicionante para el pago de los servicios del parto”.

De no expedirse el certificado de nacimiento, la ley ya contempla sanciones administrativas que van desde multas, clausura temporal o definitiva, o arresto hasta por 36 horas en contra de directores, encargados o administradores de centros de salud.

Ambas reformas fueron turnadas al Senado.

 

Con información e imágenes de Noticieros Televisa.

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