La transparencia es un reto para Nuevo León

La promulgación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información implicará la reforma de las 33 legislaciones de las entidades federativas, que hasta ahora, no tienen los elementos para garantizar el derecho al acceso la información.

De acuerdo al Índice del Derecho de Acceso a la Información en México, elaborado por la organización Fundar, Nuevo León está entre las entidades que necesita hacer cambios.

La legislación estatal vigente, que data del 2008, fue ubicada en el lugar número 11 por el índice elaborado por la organización especializada en temas de democracia y transparencia, con una calificación de 6.4.

El diputado Alfredo Rodríguez, coordinador de la fracción panista en el Congreso de Nuevo León, expuso que, aunque la actual legislatura concluye sus trabajos en agosto, buscarán durante un periodo extraordinario abrir el debate sobre la homologación de Ley local.

“La transparencia es la mejor herramienta para combatir la corrupción (…) esta Ley va a obligar al estado a hacer cosas que no quería hacer, como transparentar los contratos de las Asociaciones Público Privadas, con las que se despachan con la cuchara grande”, expuso el diputado local.

Gustavo Caballero, coordinador del PRI en el Congreso local,  reconoció que la Ley es perfectible, al tiempo que vislumbró que la reforma federal incidirá de forma positiva en los mecanismos de transparencia del estado.

“Es un avance en la claridad en la aplicación  de los recursos públicos que se democratizan y están al escrutinio de la población”, acotó.

Algunos puntos débiles de la Ley actual de Nuevo León:

  • No está garantizada una respuesta sustancial a las solicitudes de información.
  • No es obligatorio que los sujetos obligados generen información en formatos abiertos.
  • Existe un exceso en el régimen de excepciones para la clasificación de información.
  • No están definidas sanciones específicas para los funcionarios que no cumplan con su obligación de transparentar información.
  • Permite largos plazos para que las autoridades entreguen la información.
  • No obliga a transparentar los padrones de beneficiarios de programas sociales.
  • Tampoco obliga a transparentar los recursos asignados a diputados
  • No son transparentados recursos públicos asignados a sindicatos y a partidos políticos.

A detalle: 

  • El 50% de los estados está reprobado en el Índice del Derecho de Acceso a la Información en México
  • Aunque está entre los estados aprobados, la calificación de Nuevo León es de apenas 6.4
  • Coahuila y el Distrito Federal, los mejor evaluados
  • Hidalgo y Baja California Sur, lo peor evaluados

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