Desaparición Forzada

Condenan a 31 años de prisión a militar acusado de desaparición forzada

El Juez Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, Eustacio Esteban Salinas Wolberg, dictó sentencia condenatoria de 31 años y tres meses de prisión en contra de un Subteniente de Infantería del Ejército Mexicano, luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) acreditó su responsabilidad penal en la Comisión del Delito de Desaparición Forzada, cometido en agravio de una persona, la cual continúa en calidad de desaparecida.

El juzgador federal estimó que quedó plenamente acreditado por la autoridad ministerial que la víctima fue privada ilegalmente de su libertad por parte del sentenciado el 20 de mayo de 2012, en el municipio de Los Herreras, Nuevo León, y hasta el día de hoy continúa desaparecida.

Como consecuencia de ello, el Subteniente fue condenado a la pena de prisión antes referida, así como a la destitución de su cargo y se le inhabilitó para desempeñar otro puesto, comisión o empleo públicos por 15 años y tres meses, con base en lo dispuesto por los artículos 215-A, 215-B y 215-C del Código Penal Federal, que prevén y sancionan el delito de desaparición forzada de personas.

El juez Eustacio Esteban Salinas Wolberg basó su sentencia en la grave afectación o peligro a los bienes jurídicos tutelados, a saber, la integridad física, la libertad personal y la vida de la víctima directa del delito; así como el ámbito de protección a los familiares, víctimas indirectas del mismo, por el sufrimiento que atraviesan en su afán de lograr información sobre el paradero del desaparecido, además de la violación al derecho a la verdad.

Además, ponderó el perjuicio causado al propio Ejército Mexicano, el cual desempeña una importante labor de protección y salvaguarda de la seguridad nacional y de las personas, al colaborar con las instituciones civiles, dentro del marco constitucional y legal, para hacer frente a los actos de la delincuencia organizada.

La resolución señala que conductas aisladas y lamentables como lo es este caso, son contrarias al espíritu de la delicada tarea de protección y salvaguarda del Estado y de sus habitantes, por parte del Ejército Mexicano.

Añade que esta resolución se sustenta en la obligación constitucional del juez federal de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, en el ámbito de su competencia; así como las relativas a la prevención, sanción y reparación de las violaciones a éstos.

 

 

Con información e imágenes de Noticieros Televisa. 

Declaran constitucional reforma contra desaparición forzada

El pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión realizó la declaratoria constitucional de la reforma que faculta al Congreso de la Unión a legislar en materia de desaparición forzada o involuntaria de personas.

“La Comisión Permanente declara aprobado el decreto por el que se reforma el inciso A, de la fracción vigésima primera del artículo setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desaparición forzada o involuntaria de personas”, expresó el presidente del Senado, Luis Miguel Barbosa.

La declaratoria se realizó luego de que 19 congresos locales aprobaron la modificación constitucional.

Fueron Aguascalientes,  Baja California Sur,  Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Veracruz y Yucatán.

Esta reforma establece que en la legislación general, que emita el Congreso, se definirán claramente las competencias de cada uno de los tres órdenes de gobierno para prevenir, combatir y disuadir la comisión del delito de desaparición forzada y que éste sea de orden federal.

También prevé que el Poder Legislativo  legisle sobre otras formas de privación ilegal de la libertad, como el secuestro, la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Los legisladores tendrán un plazo de 180 días siguientes a la entrada en vigor del decreto, para expedir esta Ley General de Desaparición Forzada de Personas.

La reforma constitucional fue remitida al Diario Oficial de la Federación para su publicación.

 

Con información e imágenes de Noticieros Televisa.

Senado aprueba reforma constitucional en materia de desaparición forzada

El Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma al artículo 73 de la Constitución, que permitirá al Congreso de la Unión emitir una nueva Ley General de Desaparición Forzada de Personas.

Esta deberá incluir otras formas de privación ilegal de la libertad como el secuestro, la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Se establecerán, en la nueva legislación, los tipos penales y sus sanciones para estos delitos que implican una violación múltiple a los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México forma parte, precisa el dictamen aprobado.

Las diversas bancadas manifestaron, desde la tribuna, su respaldo a esta reforma, que responde a la demanda ciudadana en México y en la comunidad internacional, señalaron.

“Ésta es una reforma de enorme envergadura que le dará al Estado mexicano mayores instrumentos para prevenir, investigar y combatir estos delitos que, a partir de lo que ha sido el esfuerzo del Estado mexicano por combatir al crimen organizado, ha quedado como evidencia, como resultado de esa precisa actuación del Estado”, comentó el senador Roberto Gil.

“Representa un avance de gran relevancia para el cumplimiento de los compromisos del Estado Mexicano con nuestra sociedad y con la comunidad internacional”, dijo el senador Enrique Burgos.

“Estoy segura que con esta reforma estamos contribuyendo sustancialmente a esclarecer y conocer la verdad jurídica de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y sancionar a los responsables”, indicó la senadora Lorena Cuellar.

El nuevo ordenamiento en materia de desaparición forzada deberá homologar la descripción de las conductas acreedoras de pena y las sanciones a imponer sobre la base de los tratados internacionales de los que México forma parte así como las demás medidas que deben adoptarse para la prevención, investigación, enjuiciamiento y sanción de este delito, considerando los derechos de las víctimas y los ofendidos así como su atención integral.

Se establecerá también la concurrencia y coordinación de los 3 órdenes de gobierno.

La reforma constitucional aprobada por los senadores fija un plazo de 180 días, luego de su entrada en vigor, para que el Congreso expida la nueva Ley General para combatir la Desaparición Forzada.

La minuta fue turnada a la Cámara de Diputados  para su ratificación.

 

Con información e imágenes de Noticieros Televisa.