El pasado 15 de mayo, el Congreso del Estado de Puebla aprobó con 31 votos a favor, ocho en contra y una abstención, la nueva Ley de Educación del Estado, la cual ya fue publicada en el Periódico Oficial del Estado el pasado 18 de mayo.
Sin embargo, la nueva legislación ha desatado controversia en los últimos días, tanto a nivel estatal como a nivel nacional, por la presunta facultad del gobierno de Puebla para apropiarse de bienes de escuelas privadas.
De acuerdo a esta nueva ley, las escuelas privadas estarían regidas por el gobierno estatal, lo que implicaría una serie de cambios, comenzando por la autonomía de sus programas escolares hasta sus bienes muebles e inmuebles.
Acusada de un intento de intervenir a las instituciones privada de educación, la Ley Barbosa se ha vuelto un tema de controversia en el estado, por lo que incluso partidos de oposición buscarán impugnarla en tribunales.
Entre lo señalado en la Ley Barbosa se destaca el Artículo 105 el cual señala que los bienes muebles e inmuebles de las escuelas particulares en Puebla pasarán a ser parte del Sistema Educativo Estatal, lo que significa que tanto edificios, instalaciones de las escuelas e incluso el mobiliario sería del gobierno estatal.
El Gobernador del estado de Puebla, Miguel Barbosa, negó que su administración tenga la intención de “apropiarse” de los bienes muebles e inmuebles de las instituciones de educación privadas.
Barbosa aseguró que el hecho de que se refiera que los bienes muebles e inmuebles de las escuelas públicas y privadas forman parte del Sistema Educativo Nacional, “ya está previsto en el artículo 99 de la Ley General de Educación” a nivel federal.
Además, subrayó que su Ley no tiene que intención de apropiarse de los bienes muebles e inmuebles del sector educativo privado, sino de que éstos “sirvan para los fines educativos a que son destinados”.
Sin embargo, representantes de instituciones privadas de educación básica, media superior y superior no están de acuerdo y advierten que solicitarán amparos.
De acuerdo a la nueva Ley de Educación del Estado de Puebla, ahora se investigarán los aumentos de las cuotas particulares, prohíbe condicionar la compra de uniformes y materiales, todas las instituciones tendrán que colaborar en esquemas de fiscalización y los planes de estudio deberán ser aprobados previamente por el gobierno estatal.
Las autoridades impusieron además sanciones que podrían llegar hasta los 870 mil pesos y podrían revocar el permiso a aquellas instituciones que no cumplan con este nuevo reglamento.
Con información de Medios Nacionales
Redacción. Brandon Morales.
