Sistema Nacional Anticorrupción

Veta EPN Ley 3 de 3 a particulares

El presidente Enrique Peña Nieto ejerció su facultad de veto en el caso del Sistema Nacional Anticorrupción aprobado por el Congreso de la Unión, por lo que devolverá al Senado el artículo 32 de la Ley de Responsabilidades Administrativas, es decir, la llamada Ley 3 de 3, que obligaba a los particulares que recibieran recursos públicos a presentar una triple declaración fiscal.

De igual forma, con el ánimo de no retrasar la vigencia del Nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, el mandatario solicitará al Congreso de la Unión tener un periodo extraordinario y ello se formulará a la Comisión Permanente.

En un mensaje transmitido por Cepropie, el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Humberto Castillejos, informó la decisión presidencial y señaló que luego de escuchar diversas voces que alertaron que la legislación era excesiva e inoperante, el primer mandatario decidió hacer observaciones y proponer algunos cambios, con el afán de que prevalezcan el apego a la Constitución y la protección a los derechos humanos.

El consejero jurídico del ejecutivo federal insistió en que las críticas a algunos artículos aprobados por el congreso han señalado un problema real a la operatividad del Sistema Nacional Anticorrupción y que esta medida afectaría de manera excesiva la vida privada y la protección de datos personales de los ciudadanos

“El sistema anticorrupción es de los ciudadanos y para los ciudadanos, su objetivo primordial es proteger su derecho a que los recursos que aportan a través de sus impuestos se usen de la mejor manera posible con transparencia y honestidad”, señaló.

Humberto Castillejos sostuvo que los cambios propuestos por el presidente Peña Nieto de ninguna manera disminuye la capacidad de las autoridades para investigar y sancionar a aquellos particular que actúen de forma irregular ante el Estado.

Dijo que el Sistema Nacional Anticorrupción prevé herramientas novedosas y útiles como la manifestación caso por caso y contratación por contratación de no estar el particular y el servidor público frente a un conflicto de interés, así como las penas en que incurrirían por actos de corrupción, que van desde sanciones económicas hasta la disolución de las empresas, y en su caso, penas de prisión.

Refrendó que las observaciones parciales formuladas por el presidente Peña Nieto tiene. Como objeto colaborar con el Poder Legislativo para fortalecer a las instituciones y garantizar que todas las normas que se aprueban por el Congreso se apeguen a la Constitución.

Insistió en que tal como hasta ahora quedó aprobada la Ley  3 de 3 haría que la presentación de las declaraciones de millones de mexicanos en nada ayudaría a combatir la corrupción y en todo caso perjudicaría su vida privada y pondría en riesgo sus derechos humanos.

¿Qué es el veto presidencial?

Es una facultad que tiene el Ejecutivo Federal para que un proyecto de ley votado y sancionado por el Congreso de la Unión entre en vigencia.

Así, un proyecto de Ley aprobado es remitido al Ejecutivo quien debe publicarlo “si no tuviere observaciones que hacer”.

Se considera aprobado por el Ejecutivo todo proyecto no devuelto con observaciones al Congreso de la Unión dentro de los treinta días naturales siguientes a su recepción. Incluso si el Presidente no publica una Ley a la que no ha hecho observaciones, después de los plazos legales referidos, la Ley se considera promulgada y el Presidente de la Cámara de origen ordena su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El proyecto de ley observado total o parcialmente por el Ejecutivo es devuelto al Congreso con sus observaciones. En el caso de la 3 de 3, discutirá de nuevo el tema. Las observaciones del Ejecutivo sólo pueden ser desechadas cuando las dos cámaras respalden por mayoría calificada el proyecto de Ley tal y como le fue remitido a Presidencia.

Con información e imágenes de La Crónica de Hoy

Puntos fundamentales del Sistema Nacional Anticorrupción

El presidente Enrique Peña Nieto anunció en su cuenta de Twitter que este miércoles promulgará la Reforma Constitucional que crea el Sistema Nacional Anticorrupción.

El Sistema Nacional Anticorrupción  coordinará a las autoridades encargadas de prevenir, investigar y sancionar los posibles actos de corrupción, así como a aquellas responsables de fiscalizar los recursos públicos.

El Sistema Nacional Anticorrupción contempla un Comité de Participación Ciudadana integrado por cinco  mexicanos distinguidos que, junto con las autoridades, velará por los intereses de la sociedad.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) se consolidará como el máximo órgano de fiscalización.

Las nuevas atribuciones de la ASF le permitirán realizar auditorías en tiempo real, cuando posibles ilícitos están siendo cometidos. También podrá vigilar el ejercicio de las participaciones federales y los fideicomisos que utilizan recursos públicos.

La cuenta pública podrá ser fiscalizada a partir del primer día del año y no hasta abril, como ha venido ocurriendo.

Aumenta a siete años la prescripción de faltas administrativas graves, lo que significa que los mecanismos de justicia administrativa tendrán un carácter transexenal.

Los próximos titulares de la Secretaría de la Función Pública deberán ser ratificados por el Senado de la República.

Podrán ser castigados funcionarios, particulares y empresas que hayan participado en este tipo de actos.

Mientras que los servidores públicos de todos los ámbitos de gobierno serán sancionados hasta con penas de prisión, las empresas pueden llegar a ser disueltas.

Ese tipo de decisiones serán tomadas por tribunales independientes, como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa que contempla el nuevo marco legal, o sus equivalentes en las entidades federativas.

 

 

Con información e imágenes de Noticieros Televisa.

Ciudadanos reconocen que falta honestidad en el país

De cada 100 mexicanos, 97 están convencidos que la corrupción es uno de los principales males del país y 57 de cada 100 considera que se ha agudizado en los últimos 12 meses.

Esos son los resultados de una encuesta levantada por el Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública de la Cámara de Diputados, que también señaló que el 67 por ciento de los mexicanos considera que el gobierno ha fracasado en la lucha contra la corrupción.

La semana pasada el Senado aprobó las leyes que crean el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, la propuesta del Gobierno Federal para reducir ese mal.

Sin embargo, apenas el 51 por ciento de los encuestados cree que el recién aprobado Sistema Nacional Anticorrupción permitirá reducir ese fenómeno.

Además, el sondeo del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública detalla que el 80 por ciento de los mexicanos considera “muy urgente” que el gobierno y la sociedad se dediquen a combatir la corrupción.

Y esa percepción de urgencia no es gratuita, de acuerdo a cálculos de la organización Transparencia Mexicana, la corrupción le cuesta a México 1.5 billones de pesos al año.

El sondeo también revela que los mexicanos están consientes que la corrupción no es un acto exclusivo de las autoridades, pues el 64 por ciento de los consultados aprueba que se sancionen los actos de corrupción tanto de servidores públicos como de particulares.

 

Con información e imágenes de ABC Noticias

Sistema Anticorrupción podría funcionar en dos años

El auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, consideró que pasarán al menos dos años para que empiece a funcionar el Sistema Nacional Anticorrupción, que el Pleno del Senado aprobó este martes. Destacó que aún falta la legislación secundaria.

“Dos años es razonable para que empiece a funcionar, no para ver los resultados, para que empiece a funcionar el sistema. Para fines de la Auditoría Superior de la Federación, será en la fecha posteriormente a que estén ya aprobadas todas las leyes, hayamos aplicado todos nuestros procesos, procedimientos, a la cuenta pública que corresponda. Una vez presentado el resultado, podemos decir que se puede demostrar”, señaló Juan Manuel Portal Martínez, auditor Superior de la Federación.

Para Portal Martínez, los cambios constitucionales que forman el Sistema Nacional Anticorrupción son los importantes para iniciar la nueva etapa de combate a ese tipo de prácticas.

“Es el resumen de lo que desde hace muchos años estamos haciendo, son partes que forman el sistema y que en mi opinión es lo más importante que se requiere para que se avance contra la corrupción. Sí quedan pedacitos, pero lo que ya se aprobó es lo más importante”, indicó Juan Manuel Portal Martínez, auditor Superior de la Federación.

El auditor Superior de la Federación fue entrevistado luego de encabezar la firma de un convenio de colaboración con el Instituto Belisario Domínguez del Senado.

 

Con información e imágenes de Noticieros Televisa.

Senado aprueba en lo general ‘Sistema Nacional Anticorrupción’

Tras seis horas y media de discusión, el Senado aprobó en lo general la reforma constitucional que crea el Sistema Nacional Anticorrupción y que brinda un nuevo andamiaje legal para prevenir, investigar y sancionar la corrupción en toda la administración pública, niveles de gobierno y castiga las conductas ilegales de particulares.

Con 97 votos en favor, ocho en contra y dos abstenciones, los senadores avalaron la minuta enviada por la Cámara de Diputados. Por tratarse de una reforma constitucional, los legisladores discutirán artículo por artículo las reservas presentadas por PRD, PAN y PT ante el pleno.

Aunque las bancadas del PAN y PRD votaron en favor de la minuta, advirtieron que presenta serias deficiencias porque no termina con el régimen de excepción que significa el fuero constitucional, para todos los servidores públicos incluido el Presidente de la República, y no castiga el uso indebido de recursos públicos, por parte de legisladores, con fines personales conocidos como  “los moches”.

Esta reforma que modifica 14 artículos de la Constitución, dota al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con plena autonomía y se encargará de imponer sanciones a los servidores públicos.

Se fortalece a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y se elimina el principio de anualidad y posterioridad, es decir, podrán auditar en tiempo real. .

La ASF revisará  las participaciones federales destinados a los estados hasta en un 92% y, el otro 8% serán fiscalizados por los órganos locales.

La norma prevé la figura de extinción de dominio en los casos de enriquecimiento ilícito de los servidores públicos, quienes  estarán obligados a presentar su declaración patrimonial y de conflicto de intereses.+

 

Con información e imágenes de ABC Noticias